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* Artículo originalmente publicado en el Diario Expansión en su edición de 5 de noviembre de 2018.

 

Es esta la pregunta que a consecuencia del cambio de criterio de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre quien tiene la condición de sujeto pasivo del impuesto, tiene soliviantada y expectante a la ciudadanía y en particular a las entidades financieras y ocupados, con inusitado interés, a los medios de comunicación.

Ciertamente, al menos en perspectiva de futuro, la pregunta es un tanto ingenua pues, de un modo u otro, el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados lo pagará el prestatario y no las entidades financieras, probablemente a través de la subida de los intereses u otros conceptos para evitar que la traslación de la carga impositiva pudiera ser calificada como una cláusula abusiva al amparo del art. 89 de la Ley de Defensa de los Consumidores.

La traslación económica de los tributos que gravan la actividad económica es algo bien conocido y acreditado por más que de manera sorprendente se ignore con frecuencia por el legislador a la hora de establecer los tributos o modificar los mismos.

Ello sucede cuando el obligado a pagarlos a la Hacienda Pública tiene la posibilidad de repercutirlos a terceros por tener poder de mercado para ello. En definitiva, por tener poder para fijar los precios.

Es evidente que las entidades financieras tienen en gran medida, sino en toda ella, este poder al actuar las mismas en un mercado oligopolista, con muy pocos actores cuyo número, además, se ha ido reduciendo en los últimos años.

Ocupémonos ya de quien ha de ser considerado como sujeto pasivo del impuesto por la constitución de la hipoteca. En definitiva quién debe pagar el impuesto a las distintas Haciendas Públicas de las Comunidades Autónomas que lo recaudan.

Sabido es, la cantidad de "ríos de tintas" que han dado que hablar los conflictos de los intereses con los consumidores en las hipotecas contratadas para la adquisición de viviendas, y ello como consecuencia de la crisis inmobiliaria, que provocó la ejecución de infinidad de préstamos concedidos a los españoles y extranjeros por la Banca para " libar" de la llamada burbuja inmobiliaria.

            Ante la "explosión" de las ejecuciones hipotecarias y de los desahucios que las mismas conllevaban, comenzó a desarrollarse una doctrina liderada por el Tribunal de Justicia Europeo y finalmente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico, de protección de los adquirentes de viviendas, facilitando las oposiciones por abusividad de determinadas clausulas en los procedimientos de ejecución hipotecario. Esta modificación ha conllevado que la sumariedad que tenían las ejecuciones hipotecarias se haya perdido y que los procedimientos de ejecución de hipoteca difícilmente tarden menos de dos años en culminarse. Esta merma en la recuperación contable para las entidades financieras traerá, sin ningún género de duda, un encarecimiento del llamado "crédito territorial" que tanto ayudó a los españoles a la adquisición de su vivienda.

            Este escenario propició una corriente jurisprudencial sobre el carácter abusivo o no de las clausulas habituales en los préstamos hipotecarios (intereses de demora, vencimiento anticipado, clausulas suelo, pacto de liquidez, Euribor, y un largo etc...). Estas resoluciones son constantes y variadas, faltando una unificación que parece haberse conseguido en los casos de intereses de demora y clausulas suelo, pero no en otros temas.

            Esta pequeña nota, vamos a dedicarla al IRPH, que últimamente y "abierta la veda contra las clausulas de los prestamos de los bancos" también se está poniendo en entredicho ante los tribunales. Pero .... ¿qué es el IRPH?.

Insólito. Por primera vez y por obra y gracia de una serie de factores (caída de los tipos de interés, exceso de liquidez y las medidas adoptadas por los bancos centrales) algunos préstamos hipotecarios han comenzado a dar intereses negativos, lo que en teoría significaría que es el banco de marras el que debe pagar al cliente por prestarle el dinero y no al contrario como tradicionalmente ha sucedido.

No es un hecho actualmente muy extendido pues tan solo se da para los casos en los que la divisa de referencia no es el Euro, sino el franco suizo o están vinculadas a otro tipo de interés distinto al Euribor pero ha sucedido, concretamente en algunas hipotecas comercializadas en su día por Barclays que ante el alza del Euribor en su momento se referenciaron a la moneda suiza y al Libor que cerró el pasado mes de enero en el -0,9% y que ha tenido como consecuencia que el saldo de las hipotecas esté en negativo (en un -0,36% una vez aplicado el diferencial, según informaba El Mundo el pasado 2 de marzo) por lo que en teoría la entidad debería pagarle a sus clientes (y no al revés) a lo que lógicamente se ha negado.

Si pretendes cancelar una garantía hipotecaria, eres una empresa extranjera y además acreedora de la garantía constituida, lo más correcto y adecuado a la normativa vigente es seguir el siguiente procedimiento.

Para proceder a la cancelación, según indica el Artículo 82 de la Ley Hipotecaria (Decreto de 8 de febrero de 1946), es necesario formalizar una escritura de cancelación de la garantía instada por el acreedor o un apoderado de éste.

Ahora bien, ¿qué poder es el adecuado en este caso? Sería válido cualquier documento de poder indicando el objeto del mismo (su alcance debe ser aprobado por el notario español ante el que se formalizará la escritura), redactado ante notario público extranjero (o mecanismo equivalente de legalización) y apostilllado según lo dictado en el Convenio de la Haya, por el que se regula la validez de los Documentos Públicos Extranjeros, de forma que surtan efectos en todos los países firmantes del mismo.

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